Un número indeterminado de módulos habitacionales terminados sólo juntan yuyos e insectos en varios puntos de la ciudad capital, mientras que cientos de familias formoseñas viven en condiciones de hacinamiento en una sola casa, en la que es cada vez más habitual encontrar más de dos o tres familias bajo un mismo techo. También están los que habiendo quedado sin trabajo por la crisis económica que produjo la pandemia de coronavirus, ya no pudieron seguir solventando el pago de sus alquileres y fueron desalojados.
La crisis habitacional afecta a muchísimos formoseños que están sumergidos en la desesperación, ante la falta de un techo digno. Es aquí donde surge la pregunta de por qué habiendo construcciones terminadas, no se entregan a quienes las necesitan.
La respuesta a esa pregunta es política. Tal como viene haciendo hace décadas, el gobierno de la provincia espera que se acerquen tiempos de elecciones para comenzar a entregas grupos de viviendas a beneficiarios.
El dato sobresaliente aquí, es que con la crisis económica y el parate excepcional dado por la cuarentena contra el covid-19, la crisis habitacional empeoró abismalmente en solo un par de meses.
En lugar de preparar las viviendas para entregarlas en un momento social delicado, las casas siguen juntando pastizales y alimañas en su interior, mientras muchas familias jóvenes no saben qué hacer para dar cobijo a sus hijos.
En los últimos años, el Gobierno de Formosa ha ido entregando grupos de viviendas casi en cuenta gotas, pequeñas cantidades aquí y allá, pero nada definitivo que haga retroceder la crisis habitacional que se profundiza en Formosa cada vez peor.
Para colmo, recién en los últimos años el IPV tomó en serio la adjudicación de viviendas, porque antes, se conoció que se habría entregado viviendas y terrenos varias veces a una misma familia. En circuito 5, varias son las familias que hicieron fortuna con estafas en este estilo. Le entregaban una vivienda y al poco tiempo la vendían. Luego, iban de vuelta a engrosar las villas miseria en una precaria casa de chapa cartón, ahí los volvían a censar y de nuevo, otra vivienda o terreno, pese a que ya debía haber habido registros de que ya fueron beneficiarios, no importa, les daban igual.
La técnica que usaban estas familias es usar a sus pequeños hijos, (muchas veces más de 4 o 5), iban un día de intensa lluvia frente al edificio del IPV, les daban unos cuantos coscorrones a los pequeños, y éstos se ponían a llorar. Las autoridades del IPV en lugar de notar la estafa y el maltrato infantil, terminaban dándoles, otra vez, una vivienda.
Últimamente, en los últimos años se hicieron sorteos, el sistema de recupero fue más serio, las viviendas fueron más completas, en fin, se tomó más en serio la cuestión, pero ya para ese momentos miles de viviendas fueron mal entregadas a personas que quizás no las necesitaban.
Todavía hoy se puede ver en algunos populosos barrios formoseños, como La Paz, 2 de Abril, y otros, donde personas de mucho poder adquisitivo, compraban la vivienda vecina y hacían una mini mansión con las dos viviendas haciéndolas una sola casa familiar. Esto también se ve en barrios más alejados, en la periferia de la ciudad.
El viernes pasado, una joven pareja con una beba de dos años, fue detenida por haber ingresado para habitar, a una vivienda del Lote 111 (módulo habitacional), quedaron detenidos y todavía esperan poder declarar ante el juez para nombrar al Defensor Oficial como su abogado.
Nadie dice que estuvo bien lo que hicieron, pero es necesario remarcar que como ellos, hay cientos de familias nuevas que necesitan una solución habitacional de parte del gobierno. Es una problemática social a la que no se está dando una adecuada atención desde las autoridades del gobierno.
Teniendo en cuenta la densidad poblacional de la capital provincial, la permanente aparición de nuevas familias que necesitan un techo, y el crecimiento de la problemática del déficit habitacional, el gobierno debe ir pensando una solución a corto plazo, para dar respuestas a esta problemática que tiene claras pautas legales que hoy no se están cumpliendo.
A nivel nacional
El derecho a la vivienda, si bien está reconocido normativamente, ha sido sistemáticamente lesionado por la actuación del Estado. Más aún, el mercado aparece como la esfera central de satisfacción y la lógica del mercado parece tener directa consecuencia en la situación habitacional de los sectores más vulnerables, al promoverse desalojos de forma masiva y generarse obstáculos directos e indirectos para el acceso a la vivienda.
El derecho a la vivienda adecuada se encuentra garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución y a partir de la reforma constitucional de 1994 se le ha otorgado jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales que garantizan el derecho a la vivienda adecuada.
Entre ellos el más relevante es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que, en su artículo 11, dispone que: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”
En virtud de los compromisos internacionales asumidos, el Estado no sólo está obligado a generar condiciones igualitarias de acceso a la vivienda; debe, con el máximo de sus recursos disponibles, respetar los contenidos mínimos establecidos por dichos instrumentos y las disposiciones establecidas por los órganos de vigilancia de la aplicación de dicho Pacto.
En el caso particular del PIDESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido, en sus Observaciones Generales Nos. 4 y 7, los estándares internacionales del derecho a la vivienda adecuada.
Por lo tanto, el Estado debe también mejorar las condiciones de goce y ejercicio (principio de no regresividad); garantizar la participación de los grupos afectados en la toma de decisiones de diseño e implementación de políticas públicas sobre vivienda y asegurar el acceso a la información, al tiempo que deben existir vías idóneas y efectivas que posibiliten el reclamo judicial ante el incumplimiento de algunas de estas obligaciones estatales.
Si bien éste es el marco normativo, la práctica en la Argentina dista de cumplir con él.
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